martes, 29 de abril de 2014

DISPARATES / 107

Mustafa Horasan,
Sin título, 2012
ACUERDO COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y LA UNIÓN EUROPEA. UNA SUPERLEY PARA ACABAR CON LA LEY

Entre 1995 y 1997 los gobiernos de los veintinueve estados miembros de la OCDE negociaron en secreto el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), cuya divulgación en el último momento ocasionó una reacción de protesta internacional que obligó a sus inspiradores a guardarlo en un cajón. “Quince años después”, escribe Lori Wallach, “el AMI vuelve con nuevo atuendo”.

Lori Wallach, que es directora del Public Citizen’s Global Trade Watch y abogada formada en la Universidad de Harvard, ha participado en más de treinta comités de investigación del Congreso de Estados Unidos y de otros países, y su trabajo, que según sus palabras consiste en “traducir el lenguaje arcano del comercio a una prosa accesible”, ha hecho de ella un personaje relevante a nivel internacional. Sus artículos pueden leerse en la edición norteamericana de The Huffington Post y en las publicaciones Democracy Now! y Public Citizen, y, en español, en Le Monde Diplomatique.

El “nuevo atuendo” al que se refiere Wallach lleva por nombre Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), el cual se viene negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea desde julio de 2013. Este nuevo proyecto mediante el que el AMI se nos presenta corregido y aumentado se inscribe en un panorama distinto al de los años noventa, y aparece dominado por tres factores: la pujanza comercial de China y de las llamadas “economías emergentes”, la buena predisposición de Europa a reducir drásticamente las medidas de protección a sus consumidores y los derechos laborales, y, en fin, la voluntad de las multinacionales estadounidenses de ampliar su mercado europeo. En última instancia, según afirma Wallach, “el proyecto terminará de someter a los Estados a las normas del liberalismo”.

La primera reunión del TTIP tuvo lugar en Washington en julio de 2013, y a ella siguieron otras dos en octubre y diciembre. El representante europeo en las mismas ha sido el español Ignacio García Becerro, que ya participó en las discusiones sobre el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea que se aprobó el pasado 18 de octubre y en similares conversaciones en el sudeste asiático, donde en la actualidad Estados Unidos está negociando un Acuerdo Transpacífico de Libre Cambio, una copia del TTIP. García Becerro, miembro de la Dirección General de Comercio de la Unión Europea, afirmó hace unos meses en la radio austríaca Ö1 que “la supresión de obstáculos arancelarios al comercio entre ambas partes tendría un efecto directo positivo para el bolsillo de cada europeo”. Y concretó: “Cada hogar europeo sacaría del TTIP 540 euros más por año, ya que el crecimiento anual de los Estados miembros de la UE en su conjunto se aceleraría a razón de un 0,5%”. Esta afirmación mereció el siguiente comentario de Luis C. Turiansky, periodista económico de la agencia uy.press: “La cuenta la hizo él y no vale la pena comprobarla por si se equivocó en algún milésimo. Más bien llama la atención la lógica del funcionario europeo, ya que hasta ahora no existe ningún precedente para suponer que el crecimiento económico de la región, de producirse, se distribuya uniformemente entre todos los hogares. Sería la primera vez, un ejemplo loable pero difícilmente compatible con la política actual de la Unión”. Una observación que es de sentido común pero de la que no parece participar este encendido apóstol del liberalismo que es el señor Ignacio García Becerro.

Pero ¿en qué consiste el TTIP?

Lori Wallach escribe: “¿Podemos imaginarnos a multinacionales llevando a juicio a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar las ganancias de sus empresas? ¿Es concebible que puedan reclamar –¡y obtener!– una generosa compensación por el lucro cesante ocasionado por un derecho laboral demasiado apremiante o por una legislación ambiental demasiado estricta?” Y añade: “El TTIP tiene previsto que las legislaciones vigentes a ambos lados del Atlántico se amolden a las normas del libre comercio establecidas por y para las grandes empresas europeas y estadounidenses, so pena de sanciones comerciales para los países contraventores, o de un resarcimiento de varios millones de euros para el querellante”.

Veamos un ejemplo.

Si el año pasado hubiera estado vigente el TTIP, la empresa Las Vegas Sands Corp. del magnate del juego Sheldon Adelson habría podido demandar al gobierno de la Comunidad de Madrid y al de España por tener en vigor unas leyes tributarias, y unos derechos laborales y medioambientales, contrarios a sus intereses. Y sin duda, a menos que los gobiernos central y autonómico hubieran aceptado cambiar las leyes, la empresa habría obtenido una jugosa indemnización. “Bajo semejante régimen”, escribe Wallach, “las empresas podrán oponerse a las políticas de salud, de protección ambiental o de regulación de las finanzas que se implementen en cualquier Estado, en reclamo de daños y perjuicios ante tribunales extrajudiciales. Compuestas por tres abogados de negocios, estas cortes especiales –que responden a las leyes del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– estarán habilitadas para condenar al contribuyente a pesadas compensaciones a partir del momento en que su legislación recorte los ‘futuros beneficios esperados’ de una compañía”. Así pues, uno de los rasgos de este proyecto es la facultad de la que dota a las empresas para quebrantar las leyes nacionales, regionales y locales, amparándose a tal fin en un acuerdo superior, el TTIP, convertido desde el momento de su aprobación en arma de presión y de chantaje contra los gobiernos. De ahí que diversos comentaristas hayan advertido del peligro que este acuerdo supondrá para la soberanía de los Estados. Pero el TTIP no acaba ahí.

Continúa Wallach: “Los mandatarios deberán redefinir de principio a fin sus políticas públicas de manera tal que puedan satisfacer los apetitos del sector privado en los ámbitos que aún, en parte, se le escapaban. Seguridad alimentaria, normas de toxicidad, seguros de salud, precios de medicamentos, libertad de la red, protección de la vida privada, energía, cultura, derechos de autor, recursos naturales, formación profesional, equipamientos públicos, migración: ningún campo de interés general dejará de pasar por las horcas caudinas del libre comercio institucionalizado”.

Algunos partidos políticos ya han mostrado su rechazo al TTIP. Son los casos de Izquierda Unida en España y del Parti de Gauche en Francia. A ellos se añaden diversas organizaciones no gubernamentales y movimientos ecologistas o de defensa de los consumidores. La portavoz del Corporate Europe Observatory, Pia Eberhardt, denuncia que las negociaciones se hayan llevado a cabo sin transparencia y sin que las organizaciones sociales hayan tenido conocimiento de lo acordado hasta ahora. “Hay documentos internos de la Comisión Europea”, afirma, “que indican que ésta se reunió, en la fase más importante, exclusivamente con empresarios y sus lobbys”. Hay que aclarar que mientras la Unión Europea está representada en estas negociaciones por un comité institucional presidido por el ya mencionado García Becerro, la otra parte, la estadounidense, está formada por más de seiscientos “consultores” designados directamente por las multinacionales, los cuales disponen de un acceso ilimitado a los documentos preparatorios y a los representantes de la administración. Estos “consultores”, en nombre de las compañías que los han designado, aspiran a introducir en Europa productos de la industria agroalimentaria estadounidense cuyos componentes transgénicos no son aceptables con la normativa actual. Y otro tanto sucede con el fracking, es decir, con el uso de sustancias químicas peligrosas para los acuíferos en la explotación del gas y el petróleo de esquisto.

De igual modo, deberán suprimirse las subvenciones estatales a determinados productos, en beneficio de la “libre competencia”. Y es que, por ejemplo, Hollywood no considera necesario que Europa disponga de su propia producción cinematográfica, lo que ha provocado la imposición de una “excepción cultural” por parte de Francia, país muy celoso de la protección de su sector audiovisual.

Lo dicho hasta aquí es sólo una mínima parte de lo que incluye el TTIP, el cual, de aprobarse, supondrá una revolución comercial cuyo ulterior desarrollo se nos antoja hoy imprevisible. Y ello en parte a causa del oscurantismo con que se desenvuelven estas negociaciones, que los medios de comunicación dominantes apoyan fervientemente con un disciplinado silencio. A ese silencio se refirió en un ataque de sinceridad el representante de comercio estadounidense Ronald Kirk, quien manifestó el “interés práctico de preservar un cierto grado de discreción y confidencialidad”. Pues sucede, explicó, “que la última vez que circuló públicamente una versión borrador de un acuerdo en vías de formalización, las negociaciones fracasaron”, refiriéndose así al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto que fue arduamente defendido por el presidente George W. Bush desde 2001. A ese proyecto frustrado aludió en su momento la senadora demócrata Elizabeth Warren, afirmando que “un acuerdo negociado sin ningún examen democrático no debería ser firmado jamás”. Ello no impide que ahora las negociaciones del TTIP transcurran a puertas cerradas, ya que, según Wallach, dichas negociaciones “apuntan a eliminar sectores enteros del ámbito no comercial. No se tiene que filtrar nada. Se dio orden de dejar fuera de las discusiones a periodistas y ciudadanos. Serán informados a su debido tiempo, a la firma del tratado, es decir, cuando sea demasiado tarde para reaccionar”.

La información disponible en español acerca del TTIP ha sido publicada por Le Monde Diplomatique. En el editorial de su número de marzo, Ignacio Ramonet escribía: “El 25 de mayo los españoles elegirán a sus cincuenta y cuatro diputados europeos. Es importante que, esta vez, a la hora de votar se sepa con claridad lo que está en juego. Hasta ahora, por razones históricas y psicológicas, la mayoría de los españoles –jubilosos de ser, por fin, ‘europeos’– no se molestaban en leer los programas y votaban a ciegas en las elecciones al Parlamento Europeo. La brutalidad de la crisis y las despiadadas políticas de austeridad exigidas por la Unión Europea les han obligado a abrir los ojos. Ahora saben que es principalmente en Bruselas donde se decide su destino”. Un destino que ahora se nos presenta bajo la forma de una Europa a la carta puesta en la mesa de las multinacionales estadounidenses. Y Ramonet añadía: “El desafío es inmenso. Y la voluntad cívica de parar el TTIP no debe ser menor”.
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En el sitio AVAAZ hay en marcha una iniciativa de recogida de firmas contra el TTIP

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