lunes, 30 de marzo de 2015

DISPARATES / 132

TTIP Y TISA. ¿QUÉ NOS RESERVA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO?

El pasado 10 de marzo la Comisión Europea publicó el mandato de negociación del Trade in Services Agreement (TISA), acuerdo transatlántico de liberalización de servicios del que participan cincuenta países que se dan a sí mismos el nombre de “los mejores amigos de los servicios”, y que fue propuesto en 2013 por Estados Unidos y Australia. Hasta ahora todo lo que había trascendido del TISA era un documento filtrado en julio de 2014 por Wikileaks, según el cual se preveía en los países firmantes la apertura a los mercados, “total e irreversible”, de las infraestructuras públicas, incluidas el agua, la salud, la educación, la energía, los servicios sociales y el transporte. La comisaria de comercio, Cecilia Malmström, ha dado en Bruselas la bienvenida a este mandato y ha afirmado que el mismo supone “un signo de transparencia que servirá para fortalecer la legitimidad de las negociaciones sin poner en peligro la posición y los intereses de Europa”. ¿A qué posición y a qué intereses se refiere?

“En el reino de los ciegos, el acuerdo TISA es el rey”, tituló la revista Marianne un artículo que publicó el pasado julio, cuando se conoció la filtración de Wikileaks. Según el documento aparecido entonces las negociaciones sobre el TISA debían permanecer en secreto hasta cinco años después de su aprobación. Cuando un redactor de la revista mencionada trató de ponerse en contacto con diversos eurodiputados, comprobó con asombro que la totalidad de los que aceptaron responder a sus preguntas desconocían por completo el contenido de las negociaciones, las cuales habían promovido sin embargo con su voto afirmativo. “Se vota mucho”, le confesó uno, “a veces hasta veinte o treinta resoluciones al día… Votamos lo que nos ordena el grupo parlamentario, y sólo si se trata de un tema en el que he trabajado directamente pongo más atención… A veces, puede ser que me equivoque”. “¿Cómo quieres que un parlamentario conozca en detalle todo lo que está debatiendo el Parlamento?”, le dijo otro. Un diputado del UMP se preguntó: “Si el texto es tan peligroso, ¿por qué ha recibido tan pocos votos en contra?” Y un miembro del Partido Verde comentó que “mis compañeros votan siempre a favor de lo que lleve en su nombre las palabras ‘libre comercio’. Son víctimas de un imaginario tenaz que asocia este concepto al del crecimiento”. En el Parlamento europeo votaron a favor de la apertura de las negociaciones del TISA 526 de los 765 diputados, entre ellos todos los de derecha, el centro y el grupo socialista.

Actualmente, un país miembro de la Organización Mundial del Comercio sólo puede liberalizar aquellos sectores que explícitamente se inscriben en una “lista positiva”. Lo que pretende el TISA es invertir esta lógica introduciendo las “listas negativas”, en las que se enumeran los sectores que, como ocurre con el TTIP, no son susceptibles de privatización, a saber: los servicios audiovisuales y los soberanos (ejército, policía y justicia). Estos servicios “soberanos” estaban incluidos desde el principio en la categoría de los no privatizables. Los audiovisuales, en cambio, se incluyeron más tarde como parte de la llamada “excepción cultural” promovida por Francia, celosa de proteger su industria audiovisual, especialmente la cinematográfica, de la incesante voracidad de las corporaciones de Hollywood. Paradójicamente, la “excepción cultural” no abarca a la industria del libro, de la que desaparecerán, como del resto de los sectores, las trabas y las regulaciones legales que hoy impiden o dificultan la penetración de las transnacionales norteamericanas. El Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios ha llamado repetidamente la atención acerca de “los ataques a las literaturas europeas y a la riqueza cultural que ellas representan” en virtud de las negociaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos. Y en un comunicado aparecido el 2 de febrero añaden que “dichos acuerdos comerciales no tolerarán los dispositivos de promoción y de protección de la cultura en la medida en que serán considerados ‘discriminatorios’, en flagrante contradicción con uno de los principios de la convención de la UNESCO, el cual considera como una obligación de los gobiernos preservar la diversidad cultural. Estos acuerdos proporcionarán a empresas americanas como Amazon los medios jurídicos para impedir a los Estados europeos proteger y promover sus literaturas nacionales”. No es difícil comprender que la liberalización del sector y la eliminación de las subvenciones, en su calidad de “discriminatorias”, supondrán entre otras cosas el fin de las editoriales y las librerías independientes de toda Europa.

En un artículo publicado por la revista Diagonal Pablo Sánchez, miembro de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, ha afirmado que la táctica empleada en estos acuerdos comerciales consiste en “que todo nuevo servicio o todo aquél que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado, vaciando así de contenido la definición de servicio público”. Y añade: “Un hospital seguirá siendo un servicio público –la concesión–, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a veinte o veinticinco años o en colaboración público-privada, a través de un mecanismo de arbitraje internacional”.

Idénticos mecanismos de arbitraje son los que propone el TTIP, del que el TISA, con ser mucho, no es más que un complemento, y que la canciller alemana Angela Merkel quiere firmar con Estados Unidos este mismo año. Desde el momento en que estas negociaciones trascendieron a la opinión pública, en contra del deseo expreso de las partes implicadas, se ha iniciado una polémica en torno a la exigencia de Estados Unidos de la aprobación del llamado ISDS, mecanismo de protección de las inversiones que permitirá a las multinacionales demandar a los Estados ante tribunales de arbitraje (privados) siempre que aquéllas consideren vulnerados sus intereses por las leyes vigentes. Como es sabido, en base a un tratado equivalente y ahora en vigor entre Estados Unidos y Canadá la multinacional Lone Pine Resources demandó hace unos años al gobierno autónomo de Quebec, el cual había dictado una moratoria contra el uso del fracking. Esta técnica de explotación de los yacimientos de gas y petróleo de esquisto podría permitir a Estados Unidos convertirse en país exportador de combustibles fósiles en unos años.

El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP es la US Coalition of Service Industries (CSI), lobby de las entidades financieras de Estados Unidos. Presidente del mismo ha sido hasta 2012 Robert Vastine, quien fue también asesor del Congreso para asuntos de competitividad y director de la mayor multinacional agroalimentaria del mundo, con sede en New Jersey. Vastine fue además director de la conferencia republicana del Senado de Estados Unidos entre 1985 y 1991. La CSI, grupo de grandes corporaciones multinacionales de servicios con fines de lucro, se fundó en 1982 con la asistencia de American Express, de la que fue vicepresidente Harry Freeman, más tarde también presidente de CSI desde el año 2000. Su propósito inicial era el de obtener los servicios incluidos en la ronda de negociaciones del GATT, y convertir el comercio de servicios en un objetivo central de las futuras iniciativas de la liberalización del comercio. La CSI se jacta de disponer de “un excelente acceso al gobierno de Estados Unidos, a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones internacionales”, ha escrito Sharon Beder, profesora de humanidades e investigación social. Según el presidente de CSI, “el sector privado de Estados Unidos en el comercio de servicios es probablemente el vestíbulo a un comercio más poderoso, no sólo en Estados Unidos sino también en el mundo: el objetivo más importante de CSI es abrir los mercados extranjeros a las empresas estadounidenses y permitirles competir en el exterior”. La CSI quiere que los Estados se comprometan a políticas de pensiones que fomenten el ahorro privado para la jubilación, a fin de proporcionar oportunidades para las empresas de inversión, tal como hizo el presidente Bush. Los servicios de salud son otro objetivo de CSI. Esta organización supone que “la competencia en el ámbito sanitario en Estados Unidos ha permitido reducir sus costes al mismo tiempo que mejoraba su calidad. En consecuencia”, afirma, “las empresas tienen una oportunidad para su rápido crecimiento a la vista de los gastos en atención de salud que otros países podrían ofrecer. Ello requiere que los Estados abran sus mercados de atención sanitaria a la competencia y permitan una mayoría de propiedad extranjera en sus centros de salud”. Sin embargo, según CSI, “las compañías estadounidenses han sido excluidas de esta oportunidad de obtener rápidos beneficios por el hecho de que el cuidado de la salud ha sido tradicionalmente una responsabilidad del Estado en la mayoría de los países”. Así, por ejemplo, en muchos de ellos, “miembros de la OCDE, existen todavía barreras como licencias restrictivas para profesionales de la salud y regulaciones sobre la privacidad y la confidencialidad de datos” que siguen siendo un obstáculo para las empresas de Estados Unidos.

Todo lo anterior se inscribe en la tendencia ya manifestada en 1999 por Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, quien afirmó entonces que “el Estado soberano ha quedado obsoleto, y que la preferencia de los principales ejecutivos de las grandes corporaciones es que los gobiernos nacionales se conviertan en subordinados a los intereses corporativos y financieros”. Ese mismo año David Rockefeller, fundador y presidente de la Comisión Trilateral, escribió en Newsweek que “los empresarios están a favor de reducir el papel del gobierno, pero esto significa que alguien tiene que tomar el lugar del gobierno, y los negocios me parece que son una entidad lógica para hacerlo”.

El TTIP y su más modesto pariente, el TISA, son logros espectaculares del capitalismo neoliberal y uno de los grandes acontecimientos de nuestra época, si no el mayor. A explicar el contenido de estos acuerdos, y a predecir sus consecuencias, están dedicados dos libros recientemente publicados en Francia: Tafta. L’accord du plus fort (Max Milo, 2014), del economista Thomas Porcher y el profesor de ciencias políticas Frédéric Farah; y Docteur TTIP et Mister Tafta (Les Petits Matins, 2015), del periodista de Le Monde Maxime Vaudano. El TTIP, tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, o TAFTA (por sus siglas en francés) es un acuerdo sobre reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión, o dicho de otro modo: es un marco jurídico que se situará por encima de las legislaciones ahora vigentes y que tendrá la notable propiedad, revolucionaria en la historia de las relaciones internacionales, de suplantar en la práctica todo poder nacional, tanto del ámbito legislativo como del jurídico y el ejecutivo, sustrayendo así al conjunto de la ley de cualquier forma de regulación o de control democrático. Una vez aprobados, tales acuerdos no podrán ser derogados ni modificados tras un cambio de gobierno: ningún país de la Unión Europea podrá salir por sí solo del marco establecido por el TTIP después de su firma.

El libro de Porcher y Farah es una útil guía pedagógica que repasa uno a uno los aspectos del acuerdo, mostrando la manera en que su aprobación afectará a la vida cotidiana de los europeos. Un capítulo importante de esta guía es el dedicado a la adaptación de las regulaciones del consumo alimentario en Europa a los estándares americanos, lo que incluirá la introducción en nuestro continente de productos hoy prohibidos por sus riesgos para la salud, tales como la carne de vaca engordada con hormonas, el cerdo criado con ractopamina y el pollo lavado con cloro. Las normas que establecerá el TTIP afectarán a ámbitos tan diversos como los convenios colectivos, la inmigración o la longitud del cable de los frigoríficos. Para los autores de este libro el mayor problema del TTIP, sin embargo, es que no responde a ninguno de los actuales problemas de Europa.

En veinticuatro breves capítulos, y también con intención pedagógica, la obra de Maxime Vaudano explora las previsibles consecuencias de la aplicación del TTIP a la vista de datos ya conocidos. Uno de ellos es el de que cerca del 50% del comercio internacional, según la OCDE, está constituido por intercambios que tienen lugar dentro de una misma corporación transnacional. Se añade a ello que más del 90% de los intercambios financieros son fruto de la especulación y no de ninguna clase de actividad productiva. Resultan ser precisamente las últimas normativas reguladoras del movimiento de capitales que quedan en vigor las que el TTIP se propone eliminar. Por otra parte, un ejemplo de la acción de los tribunales de arbitraje analizado por Vaudano es el de la compañía sueca Vattenfall, que reclamó en 2009 a las autoridades de Hamburgo una indemnización de más de mil millones de euros por la legislación medioambiental entonces en vigor, que entorpecía su proyecto de construcción de una mina de carbón.

Ambos libros muestran con rigor las intenciones últimas del TTIP, en un contexto geoestratégico de virulenta ofensiva neoliberal en el que las empresas norteamericanas intentan ampliar sus mercados a costa de las leyes europeas y de los europeos, a la vez que pretenden blindar dichos mercados frente a la producción de las economías emergentes, en particular la de China.

Con el lema de “Las personas y el planeta antes que el capital” hay convocado para el 18 de abril un día global de acción en todo el mundo contra los tratados de libre comercio e inversiones.

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